Fundamentos Constitucionales Del Derecho Ambiental En México

En México, con la finalidad de fundamentar constitucionalmente la legislación ambiental, en1983 se reformó el artículo 4 para incluir el derecho a la protección de la salud como una garantía individual. En 1999 el artículo volvió a ser objeto de una reforma a efecto de incluir el párrafo quinto:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.”

El párrafo primero del artículo 25 indica que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. El párrafo sexto señala que:

“Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.”

Este precepto es el apoyo constitucional para establecer modalidades a la actividad industrial. El principio de imponer modalidades se encuentra, para el caso de la propiedad privada, en el artículo 27, sin embargo, trasladado el principio a una actividad, éste se magnifica en sus efectos, ya que permite diversas posibilidades, tal como la reubicación de empresas que afectan a centros urbanos.

Por su parte, el artículo 26 hace referencia a la planeación democrática del desarrollo nacional a través de un Plan Nacional de Desarrollo, programas sectoriales y procedimientos de participación y consulta popular.

Conforme al párrafo tercero del artículo 27, la propiedad de las tierras y aguas corresponde a la Nación, la cual puede transmitirlas o concesionarlas a los particulares para constituir la propiedad privada, siendo posible imponer a ésta última las modalidades que dicte el interés público. Asimismo, la Nación está facultada para regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de cuidar de su conservación, y para dictar las medidas necesarias para:

“(…) ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; (y) preservar y restaurar el equilibrio ecológico; (…)”

Si bien la fracción XVI, base cuarta, del artículo 73 faculta al Congreso de la Unión para revisar las medidas que el Consejo de Salubridad General adopte en materia de prevención y combate a la contaminación ambiental, es de mayor interés para nuestro tema de estudio la fracción XXIX-G en donde se establece el sistema de concurrencias en materia ecológica:

“El Congreso tiene facultad: XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico;”

Cabe señalar que el texto es el mismo que aparece en la fracción XXIX-C en materia de asentamientos humanos. Como consecuencia, las materias ecológica y de asentamientos humanos son de orden general, debiendo instrumentarse por los gobiernos federal, estatal y municipales, conforme al ámbito de sus respectivas competencias.

La fracción III del artículo 115 señala que los municipios tendrán a su cargo los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales (fracción a), así como limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos (fracción c). Por otra parte, la fracción V indica que este nivel de gobierno, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, está facultado para crear y administrar zonas de reservas ecológicas, así como para elaborar y aplicar programas de ordenamiento en esta materia (fracción g).

En el artículo 122, en su base primera, fracción V, inciso j, se señala que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está facultada para legislar en materia de preservación del medio ambiente y protección ecológica.

Finalmente, el artículo 124 contiene la regla básica para el reparto de facultades entre los Estados y la Federación, al establecer que:

“Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados.”